EL CONSTITUCIONALISMO, EL TRAVESTISMO DEL PATRIOTISMO Y POSIBLES REFORMAS (Artículo invitado)


No es preciso ser un observador agudo para darse cuenta de que vivimos tiempos cada vez más convulsos. La tensión política, la problemática económica, la guerra cultural, la crisis demográfica… si usted ha sido no ya un ávido lector, sino por lo menos un visitante casual de Identidad española, ya sabrá a qué nos enfrentamos a día de hoy.
        Sin que seamos sospechosos de simpatizar con el marxismo, podemos concordar con Marx en que el marco legal es más un producto determinado de la realidad en la que vive que aquello que determina cómo actúa la sociedad. O dicho de otra forma, es cierto que el Derecho influya en la sociedad, pero ésta transforma la Ley muchísimo más.
        ¿Y qué es lo que moldea la sociedad? La cultura que produce y consume. En Identidad española no nos cansaremos de repetirlo jamás. Si alguien duda de la influencia social (y cultural) en la Ley, sólo le pedimos que recuerde el giro del Tribunal Supremo respecto a la sentencia de la Manada. Sin la movilización social orquestada a través los medios de comunicación hubiera sido impensable.
        No hay duda, pues, de que la sociedad termina cambiando el sistema legal, aunque no sea a corto plazo. Sin embargo, no es lo mismo modificar la jurisprudencia que modificar (o derogar) una ley. Ya ni hablemos de la Constitución. La Carta Magna cuenta con un proceso de reforma que no vamos a detallar aquí, pero en cualquier caso es lo que impide que las Cortes Generales, tan disgregadas en partidos políticos como están ahora, cambien la Constitución sin mayores discusiones.
        El debate de la Constitución sí está presente, aunque en un segundo plano de momento, en los medios de comunicación. No podemos olvidar que la crisis de Cataluña es lo que ha agudizado la cuestión y relanzado al debate político. La reforma de 2011, tan criticada hasta hace no mucho por la izquierda, es ahora en comparación una minucia. Casi todos los partidos políticos buscan cambiar la Constitución en varios aspectos, y no faltan los que quieren prácticamente rehacer el sistema entero.
        Como siempre hacemos, nos adentraremos en un análisis por partes de esta problemática, que tiene tres fines: desmontar el constitucionalismo del 78, que pese a su evidente maquillaje es uno de los males actuales de España; demostrar que, a raíz de esto último, el patriotismo debe responder contra la Constitución; y finalmente, conocer qué cambios constitucionales habrá en el futuro, y qué se espera de nosotros los patriotas en tal situación.
        En último término, buscamos explicar qué Constitución surgirá de un contexto actual y qué Constitución es necesaria.
  1. Cómo hemos llegado hasta aquí
  2. El patriotismo constitucional
    1. Orígenes y definición
    2. Las consecuencias del patriotismo constitucional
  3. La reforma futura
    1. ¿Qué buscan los partidos?
    2. ¿Qué buscamos los patriotas?

1. Cómo hemos llegado hasta aquí
La muerte del general Franco no fue lo que cambió la sociedad española a mediados de los setenta. España ya llevaba años encaminada hacia la integración cultural dentro del resto de Occidente. Los arquitectos de la Transición ya se encontraron con una sociedad que, lejos del progresismo actual, buscaba un cambio con la dictadura. Las reformas de años anteriores no habían sido suficientes, en todo caso eran parches de un sistema que empezaba a hacer aguas.
        La crisis del petróleo es un factor a menudo subestimado en la caída de la dictadura. La prosperidad de los años 60 estaba cada vez más lejana, y la inflación comenzaba a devorar los ahorros de los españoles. Pero esto fue más bien una de las últimas gotas en colmar el vaso. La aparición de ETA, las revueltas universitarias, el descontento de los sindicatos, el rechazo de la Iglesia al gobierno… la dictadura ya tenía demasiadas cargas encima, todas ya presentes en los sesenta, si no antes. La crisis del petróleo fue, en todo caso, lo que evidenció la necesidad de un cambio.
        El propósito del artículo no es explicar el final del Franquismo. Sin embargo, es preciso iniciar la andanza por él con una lección clara: la Constitución NO mató la dictadura. El régimen del 36 era en 1975 tan cadáver como su valedor principal. Bien podría decirse que el deterioro de salud de Franco y el de la dictadura fueron parejos. Ya antes de morir Franco se sabía que la situación iba a cambiar, y nadie sostenía desde una óptica realista la perpetuidad de la dictadura, ni siquiera sus propios miembros, a excepción de la llamada camarilla del Búnker.
     
El proceso legal para el cambio de régimen se inició de forma oficial en 1976. Es sabido por todos que el rey Juan Carlos había jurado lealtad a los principios del Movimiento Nacional, un hecho que le ha colmado de críticas durante años por diversos sectores ideológicos. En cualquier caso, el fracaso de Arias Navarro en la tarea de reformar el estado resultó en que el Rey designase a Adolfo Suárez. Lo que nos importa es la aprobación de la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, o simplemente Ley para la Reforma Política, que las Cortes aprobaron en noviembre de 1976.
El artículo 1.1. dice así: «La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo. Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado.» Si esto no indica por dónde iban a ir los tiros, el artículo 2.2. nos lo termina de aclarar: «Los Diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad.»
Simplemente usando unos segundos de nuestro tiempo en leer un breve texto legal podemos demoler la primera mentira de los constitucionalistas: el famoso «la Constitución nos dio la democracia». Nada más lejos de la realidad. La democracia emana, en primer término, de la Ley para la Reforma Política. Las Cortes franquistas cometieron lo que en la posteridad recordamos como un harakiri y decidieron que debía de promulgarse una constitución democrática. La presión desde la izquierda estaba ahí, por supuesto, pero también la negativa de los partidarios más acérrimos de Franco. Ni un grupo ni otro fue tan relevante para la instauración de la democracia como se cree. La democracia, en definitiva, vino desde la derecha, desde el propio régimen, y fue más bien una evolución del Franquismo. Los sectores izquierdistas que sostienen que la democracia actual es una pura continuación del Franquismo no están tan equivocados. Por otra parte, hablar de ruptura con la dictadura es absurdo, cuando tanto el Rey como los principales dirigentes del Movimiento aprobaron la Reforma. De nada sirven los “principios del Movimiento” si estos fueron abandonados de la noche a la mañana por todos sus valedores, y reformados siguiendo la propia legalidad de aquéllos. La ley fue aprobada en noviembre del 76, y entró en vigor en enero del 77. En junio de ese año hubo elecciones con sufragio universal, directo y secreto por primera vez desde el invierno de 1936.

Hemos hablado con anterioridad de la alianza entre socialistas y nacionalistas periféricos, que respondía a una necesidad estratégica ante el Franquismo. Lo cierto es que es durante la redacción de la Constitución cuando comienza a solidificarse. Los socialistas, apoyados en el nacionalismo catalán (el vasco no quiso entenderse con nadie durante el proceso constituyente), fueron los que introdujeron en la Constitución las autonomías y la «plurinacionalidad» del Estado.
Para la aprobación de la nueva Constitución, según el artículo tercero de la citada ley, bastaba con mayoría absoluta en ambas cámaras. UCD y AP contaban con ella en el Congreso, sumando 181 escaños, y no estaban lejos de tenerla en el Senado, con 108 de 248 (descontando los senadores por designación real, 41, efectivamente UCD tenía la mayoría absoluta).
La derecha heredera del régimen tenía capital político suficiente como para crear una constitución a su medida o, desde luego, para que la izquierda y los separatistas no impusiesen sus criterios. Sin embargo, la derecha permitió que sus rivales políticos presentasen buena parte de sus exigencias. Frente a un estado federal, el estado autonómico. Frente al derecho de autodeterminación, el reconocimiento de «nacionalidades».
La razón de esta claudicación puede ser entendible hasta cierto punto. El objetivo principal de los arquitectos del Régimen del 78 (en adelante R78) era, por encima de todo, la «Reconciliación entre las Dos Españas». Está claro que el Estado debía tener cabida para los dos bandos de la Guerra Civil, pero lo cierto es que la dictadura no había prohibido la participación de republicanos en la vida política salvo a criminales de guerra o gente en puestos de responsabilidad, cuyas inhabilitaciones no solían superar una década. La presencia del propio Arias Navarro, antaño subalterno del propio Manuel Azaña, es buen ejemplo. Así que, más bien, el R78 buscaba maquillarse como un nuevo inicio de la historia española. Una segunda Restauración, con sus evidentes contradicciones: era un proceso legal y político; no tenía nada que ver con los golpes de Serrano y Martínez Campos que dinamitaron la I República. El nombre de Transición es por ello apropiado: no fue un cambio brusco, pero por supuesto que había en mente un régimen novedoso, alineado con las democracias de la Comunidad Europea.
La comisión encargada de redactar la Constitución constaba de siete miembros: tres de UCD, uno de AP, uno del PSOE, uno del PCE, y uno de la minoría catalana. Entre UCD y AP sucedía la «mayoría mecánica», por medio de la cual tumbaban las propuestas ajenas que no consideraban apropiadas. Y aun con todo esto, se regaló el estado autonómico y el reconocimiento de nacionalidades. Ni siquiera poniendo, como mínimo, un muro de contención como la ilegalización de partidos independentistas.
Viendo que ahora la izquierda y los separatistas no están contentos con la Constitución, la cual han llegado a tildar de fascista, y demandan una reforma aún más progresista que dinamite incluso más de la soberanía nacional, no somos osados si decimos que la derecha, legitimada en las urnas para hacer una constitución más cercana a sus postulados, regaló la Transición a la izquierda.
El número de claudicaciones continuaría por décadas siguientes, y aún continúa hoy en día: al crearse las autonomías, se cedió a la presión del PNV (e indirectamente, de ETA) de no incluir a Álava en Castilla-León sino en la Comunidad Autónoma Vasca; la abolición del servicio militar obligatorio acordada entre el PP, CiU y PNV; más recientemente, tenemos la tibia aplicación del artículo 155 en Cataluña, tardía e insuficiente.
Es fácil decir todo esto a posteriori, pero la verdad es que sí se vio venir. Alianza Popular estuvo a punto de pedir el voto en contra de la Constitución del 78 precisamente por la mención de las nacionalidades. El propio Josep Tarradellas, presidente de la Generalidad en exilio durante la dictadura, ya avisó de que se cernía «victimismo y […] nacionalismo a ultranza» sobre Cataluña con la llegada del Pujolismo, siempre mimado por la derecha nacional. Decir que la claudicación ante los nacionalistas, no sólo en la Constitución, sino en el plano político general, abonaba el terreno para el separatismo no es simple paranoia ultraderechista. Es que los propios nacionalistas periféricos avisaban de ello.
La capitulación no fue completa, porque los constitucionalistas siguen sin reconocer el derecho de autodeterminación, y algunos ni siquiera se lo plantean (muchos teóricos hacen referencia a que el estado no puede permitir su suicidio). Y es que el proceso de reforma para nuestra Constitución es bastante rígido. Se precisan 3/5 de cada cámara, 2/3 si se busca modificar los Derechos Fundamentales o la Monarquía. Las únicas dos reformas que se han hecho han sido para temas absolutamente consensuados: la de 1991, por la entrada de España en la UE, y la de 2011, por la crisis de deuda soberana.
Alemania también requiere 2/3 de las cámaras para la reforma constitucional y nada ha impedido que entre 1949 y 2003 aconteciesen 50 reformas. España, en 40 años, sólo 2. ¿Por qué es esto? Las razones fundamentales son:
1.   El bipartidismo hispano generalmente se ha nutrido de partidos pequeños, mayormente nacionalistas periféricos, no existe cooperación entre PP y PSOE (salvo la oferta de gobierno de coalición de Rajoy a Sánchez hace pocos años). Ningún partido ha querido ceder poder para acomodarse. En Alemania, en cambio, la cooperación entre estos dos partidos es bastante común, gobernando el país en coalición mientras escribo estas líneas.
2.   Si bien el PSOE es cordial con los independentistas, como todo partido siempre que ha podido ha ignorado los designios de sus rivales. La alianza entre estas dos fuerzas, pese a ser hoy más fuerte que nunca, no es definitiva, y más de una vez el PSOE ha traicionado a sus socios. Lo mismo puede decirse del PP, cuyo cambio en la relación con CiU y PNV de 1996 a 2000, cuando obtuvo la mayoría absoluta, fue palpable.
3.   La Constitución está bastante vacía a nivel material. En la mayoría de su contenido otorga grandes libertades al legislador, que se limita a tocar las leyes orgánicas, que sólo necesitan mayoría absoluta, o simplemente enuncia principios que el Tribunal Constitucional termina aclarando a posteriori. En otras palabras, pueden hacerse grandes cambios a nivel estatal sin tocar la Constitución.
Aclaremos las cosas. La Constitución fue una especie de pacto que, casi regalado por la derecha, debía suponer la inauguración de una nueva época en la que todos estuviesen contentos. En su momento sí que hubo consenso, y éste no es un mito de la Transición: la sociedad española la aprobó casi sin rechistar. Pero en lugar de apaciguar la discordia, se dio alas al independentismo. La izquierda quiere aprovechar la reforma para empujar su agenda política, y la derecha se niega a reformar el texto; si hubiese reforma, dicen, sería precisamente para resolver el problema independentista. Si no hay reforma es porque ello implicaría, en mayor o menor medida, cambiar las estructuras de poder y redes clientelares que llevan consolidándose desde hace cuarenta años.
Esta situación ha degenerado en una dolencia acomodaticia que, por desgracia, no es única en España, pero que dentro de nuestro país vemos sobre todo en la supuesta derecha. PP, C’s, no raramente el PSOE, y en ciertos deslices Vox, apelan al patriotismo constitucional.

2. El patriotismo constitucional
2.1. Orígenes y definición
El liberalismo de los albores del siglo XIX se diferencia en muchos puntos de aquél que se profesa hoy día. Antidemocrático, militarista, ejecutor de hazañas imperialistas… No es momento de explicar cómo el liberalismo de Riego y Espartero está a años luz del de Azaña o Albert Rivera. Sí que es relevante para el análisis actual, eso sí, la evolución del liberalismo en su posición sobre el nacionalismo.
        Los primeros liberales fueron, y esto es algo de lo que ya hemos hablado en varias ocasiones, los que creyeron vital dotar a la nación de un aparato político. La idea de soberanía nacional, uno de los conceptos más básicos del liberalismo, sostenía que era la nación, y no el monarca, el centro de la vida política del Estado. En último término, el conjunto de fuerzas administrativas y militares actuaban en nombre de la nación, no del monarca, cuyo poder ahora pasaba a emanar del consentimiento de aquélla; nada de esto excluye que existiesen sistemas mixtos, como el de la España isabelina, en el que la soberanía residía tanto en la nación como en el Rey.
        A mediados del siglo XIX el liberalismo comienza a abrazar los postulados democráticos, especialmente para formar oposición contra el socialismo, al que se tildaba de antidemocrático. Las mentes liberales comienzan a propugnar la necesidad de democracia para que exista una verdadera libertad. Es conocida la oposición del francés Alexis de Tocqueville al socialismo usando dicho argumento; Emilio Castelar sostuvo una polémica similar en las filas del Partido Demócrata pocos años antes de la Gloriosa.
        Al cabo de varias décadas, liberalismo y democracia terminan siendo conceptos inseparables. Las llamadas constituciones sociales de primera mitad del siglo XX, empezando con la de México de 1917, se refieren a soberanía popular en lugar de nacional. La Constitución española de 1931 hace lo propio en su primer artículo cuando dice que «Los poderes de todos sus órganos [los de la República] emanan del pueblo».
        El estado, por ser democrático, sirve al pueblo. Aunque pueblo y nación pueden ser, y a menudo son, sinónimos, a nivel político no es así. Nación termina significando estado, y pueblo ciudadanía. La soberanía reside en los ciudadanos que habitan en el estado. En sintonía con los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, todos los ciudadanos del Estado deben ser tratados bajo las mismas condiciones: cada individuo es una pequeña pieza del engranaje burocrático, objetivo del talante electoral de los partidos.
       
Así pues, el patriotismo constitucional se basa en que el individuo es libre de actuar en la nación (recordemos la moderna sinonimia entre estado y nación), a la que está unido por la obediencia a las leyes. Es algo corriente apelar al ciceroniano sentido de servidumbre a la Ley y al civismo, pero lo cierto es que el funcionamiento de la República romana no tiene nada que ver con el de un estado liberal moderno.

Hablemos de un último punto de importancia. Las constituciones sociales (II República, Weimar, República Austríaca, etc.) son las que crean el estado social, al que nos acabamos de referir como estado liberal moderno. En este ensayo, y quién sabe si en futuros trabajos, utilizaremos las dos expresiones sin distinción. Marca una distinción relevante para con el pasado de las constituciones liberales. La libertad del ciudadano no se consigue con mera igualdad ante la Ley: la evidente existencia de desigualdades socioeconómicas choca con la teórica igualdad del liberalismo. El liberalismo evoluciona una vez más para abrazar la intervención del estado en la economía para reducir estos desequilibrios, aunque por supuesto, continúa abogando por la libertad económica en el resto del mercado.
        Por tanto, el patriotismo constitucional se sustenta en tres pilares: igualdad antes las leyes, que son las que permiten vivir al individuo en libertad; democracia, de forma que el ciudadano pueda participar en la vida política del estado y defender sus derechos, de nuevo a través de la ley, y finalmente servicios sociales, que facilitan la vida material del individuo, e indirectamente permiten su participación en la política. El patriotismo constitucional se consagraría teóricamente tras la Segunda Guerra Mundial con Jürgen Habermas.
        El crecimiento del estado resulta en que éste se tome por sinónimo de la nación: no hay ámbito de ésta en el que el estado no haya penetrado, y al abrirse éste a los nacionales por medio de la democracia, todo aquél que participe en la política del estado participa en la política de la nación. Esto es casi un uróboros. Es más sencillo de explicar decir que, como la nación entera (teóricamente) participa en el estado, se puede inferir que quien participa en el estado pertenece a la nación.
        Toda esta teoría es contradictoria, y se debe a un error de origen. Ya hemos dicho, y no nos cansaremos de decir, que es la nación la que crea el estado. Si el estado crea ciertas estructuras y normas, éstas se pueden atribuir indirectamente a la nación, pero es que éste es otro error. El estado no es creación de la nación entera, lógicamente; busca reflejarla adoptando el territorio que los nacionales ocupan (o deben ocupar), creando leyes a semejanza de sus costumbres, etc. Es decir, el estado liberal, inicialmente, busca amoldarse a la nación. Con el estado social, se busca amoldar la nación al estado. Como tal, se termina logrando la identificación total entre estado y nación.

2.2. Las consecuencias del patriotismo constitucional
Después del nacionalismo del régimen de Franco, y en busca de aplacar a los nacionalistas periféricos, de cuyas concesiones ya hemos hablado, una de las metas del régimen del 78 ha sido aplacar el nacionalismo. Ello ha llevado a una equidistancia absurda: tanto da que se hable de España, del País Vasco, de los Països Catalans, o de Andalucía. Todos los nacionalismos son malos sin distinción. La excusa para defender la unidad española es que España (de nuevo identificando la nación con el estado) es un escudo contra el nacionalismo.
        Los procesos históricos que han llevado a la formación de la nación española son irrelevantes, dando lugar a una historiografía parcial que justifica la existencia de la nación española a raíz de la Constitución de Cádiz. No es un intento de tabula rasa, más bien es historiografía a la carta de gran limitación, pues los propios liberales de 1812 hablaban en sus intervenciones de la nación española como algo precedente sobre lo que se sustentaba la Constitución. No es raro ver a los defensores del patriotismo constitucional blandir tesis leyendarrosistas sobre el Imperio, con el claro objetivo de defender a España como portadora de derechos humanos y precursora del liberalismo. No hay más que ver cómo el famoso Imperiofobia de Roca Barea, opus magnum del leyendarrosismo, es reivindicado con tanto fervor por los adalides del patriotismo constitucional.
        El error fundamental de que los constitucionalistas engrosen la causa unionista es que al identificar el unionismo con el constitucionalismo se desvirtúa el carácter nacional de España. Si quienes se oponen al nacionalismo están a favor de la unidad de España, es porque España no es una nación. El problema se agudiza cuando vemos que los constitucionalistas son quienes reclaman el voto unionista afirmando la existencia de una nación española. Aunque su concepción de ésta esté distorsionada o difuminada, la verdad es que su discurso transmite una lección que tampoco es muy alentadora: la nación española existe, pero no hay que ser nacionalista, es suficiente con defender la Constitución. Es más: el nacionalismo sería un ataque contra la nación española por minar los derechos de los españoles.
       
El Partido Popular y Ciudadanos son los principales valedores de estas tesis, mas no se deben desdeñar las concesiones que ha hecho Vox: su identificación con la Constitución no es plena, pero no deja de considerarse constitucionalista y defensor de instituciones del R78 como la Monarquía para captar tal voto. Pese a que pueda parecer una buena estrategia para conquistar el unionismo, no debemos olvidar que blanquear el constitucionalismo supone, en última instancia, blanquear la nación de naciones, las Comunidades Autónomas, y relegar a un segundo plano la existencia de la nación española.
        El PSOE sí que se encuadra como constitucionalista, pero haciendo referencia en más ocasiones a los servicios que ofrece el estado social. La Constitución y el R78 son buenos para España por haber traído sanidad y educación de calidad, leyes LGTB, feminismo, etc. No hace falta explicar más. El discurso típico del PSOE se nos viene a la cabeza fácilmente. Los partidos del «bloque de derecha» o «trifachito» aducen que el PSOE no es constitucionalista por sus pactos con las fuerzas separatistas y Podemos. Por otra parte, el PP y Ciudadanos no han titubeado en pactar con ninguno de estos cuando ha tenido que hacerlo para garantizar su propio poder.
        Unidas Podemos, aunque reniega del constitucionalismo y siempre ha defendido la reforma de la Carta Magna, no deja de pecar de este vicio. En consonancia con el utopismo izquierdista, UP es encuadrable en un constitucionalismo utópico: sus postulados son los del patriotismo constitucional, con mayor enfoque en las leyes sociales y económicas. Es decir, quieren ser patriotas constitucionales de una constitución más progresista. Esto deja como evidente que los cinco partidos principales de hoy son constitucionalistas en mayor o menor medida.
        Como colofón para este apartado, es preciso indicar la última y más importante consecuencia del patriotismo constitucional: la nación de naciones está plenamente aceptada en la Carta Magna. No se puede afirmar que España es la única nación del estado en base a la Constitución cuando ésta menciona a las nacionalidades en el artículo 2. Aceptar la Constitución es aceptar la nación de naciones. Decir que el PSOE no es constitucionalista es absurdo; un verdadero constitucionalista debería defender al PSOE. Salvo en el federalismo, concepto no muy distinto del estado de las autonomías, las concepciones territoriales de la Constitución y del PSOE son idénticas.
       
Hablar, por otra parte, de la Constitución como garante de la democracia, es de nuevo falso. No sólo la democracia española se remite a un documento previo (la Ley para la Reforma Política), es que además los separatistas tienen razón en su planteamiento: el referéndum sobre la independencia sí es democrático. Obviamente no es constitucional, y por tanto no es legal, pero no por ello deja de ser democrático. Los constitucionalistas entienden que la democracia es posible por la Constitución, tal y como ésta es la que hace posible los derechos, la igualdad o la nación. La razón de que no sea democrático es porque no cabe en la Constitución: el constitucionalista, por tanto, no deja de ver más allá de un papel. Aunque la democracia pura también se oponga al nacionalismo catalán (si Barcelona quiere separarse de Cataluña, debe poder separarse), lo que nos importa es reiterar la falsedad de que la democracia, otro pilar del patriotismo constitucional, exista sólo dentro de la Constitución.
        Resumamos las ideas de este apartado en una única frase: las leyes surgen de la Constitución, pero no los valores que las inspiran.

3. La reforma futura
3.1. ¿Qué buscan los partidos?
Si se reforma la Constitución, el punto central será, sin duda alguna, la cuestión territorial. Que la derecha propondrá centralizar o limitar potestades autonómicas, amén de ilegalizar las asociaciones secesionistas, es una suposición conocida; que la izquierda busca avanzar hacia el federalismo, también. Viendo cómo la derecha ha claudicado en prácticamente todos los campos en los últimos años, inferimos sin problema quién terminará imponiendo su visión y quién cederá.
        Existen puntos interesantes a reformar fuera del ámbito territorial. El Consejo General del Poder Judicial, el Senado o el Tribunal Constitucional son algunos de los órganos estatales que más críticas reciben: el CGPJ por su politización, por parte de todos los partidos excepto PP y PSOE; el Senado quiere ser abolido por buena parte de la población y partidos como C’s, aunque también existen propuestas de convertirlo en un senado como el alemán si siguiésemos un modelo federal; Vox quiere que el TC examine las leyes parlamentarias a priori, añadiendo rigidez al proceso legislativo pero previniendo errores legales. Hay decenas de proposiciones de las que podríamos hablar, y ya se han escrito libros y artículos, pero el centro del tema es otro.
       
Independientemente del papel del federalismo o de las CCAA en una futura constitución española, lo que podemos asegurar desde Identidad española es que el europeísmo será un factor central. Aun cuando la amenaza a la soberanía española es, sobre todo, interior, no se ha de subestimar la amenaza exterior: los supuestos Estados Unidos de Europa son un futuro deseado para los partidos patrios, sin que siquiera UP, con su supuesto radicalismo, se posicione en contra.
        En septiembre de 2019, que es cuando escribo estas líneas, no es nada probable un nuevo pacto constitucional. El combate electoral entre PSOE, PP y C’s, un duelo a tres bandas bastante aburrido, con UP y Vox despistados y cada vez más marginados, y un gobierno en funciones son factores limitantes para cualquier atisbo de reforma. Esto no es necesariamente malo, viendo cómo la derecha española gusta de claudicar.
        Mi predicción es que no va a haber reforma en los próximos años, pero que no sería sorprendente que su debate vaya haciéndose más común. Todo depende del posible derrumbe electoral del PP y Vox, así como de un cada vez más previsible gobierno de coalición entre PSOE y C’s. La derecha no parece dispuesta a ceder una reforma si no se ilegalizan los partidos independentistas, un recurso al que C’s, PP y Vox, con distinta credibilidad cada uno, han recurrido. No se debe descartar que, finalmente, acabe como un pacto en el que sí que se prohíban los partidos independentistas, pero consagrando el federalismo.
        O sea, las alternativas son otra claudicación de la derecha o la llegada de un federalismo moderado, pero no debemos esperar en ningún momento que sea la derecha la que haga la Constitución y mucho menos la que lleve la iniciativa de su reforma.

3.2. ¿Qué buscamos los patriotas?
Durante los últimos cuarenta años, el patriotismo español se ha dedicado a repetir consignas de tiempos pasados que, más que un programa concreto, suponen retórica vacía. Entre el festival de ideologías caducas, sectarismos y postureos no se atisba una mínima propuesta fundamentada en la realidad. Simplemente, desiderátums y declaraciones que a la semana han caído en el olvido.
       
Dicho esto, es necesario que desde ya los patriotas empecemos a proponer proyectos más concretos y abandonar ideas abstractas. Es posible que uno piense que ante nuestra posición actual no estamos en condiciones de exigir nada y que realizar una propuesta concreta no sirva en absoluto. No creo que sea así. El fracaso del patriotismo en las últimas décadas se debe a lo contrario, a no haber propuesto nada nuevo y limitarse a calcar movimientos de otros años o de otros países.
        En Identidad española ponemos nuestro granito de arena no sólo con la exposición de ideas y temas que venimos haciendo desde hace ya dos años casi; nos gustaría analizar qué medidas a implementar en la constitución debe considerar imprescindibles un patriota.
        A nuestro modo de ver las cosas, si lo que buscamos es impedir la disolución de la soberanía española, tanto a nivel interior como exterior, es menester conseguir que penetren tres puntos en la Carta Magna:
·         La instauración de una cláusula de intangibilidad en cuanto a la unidad de España. Las cláusulas de intangibilidad son límites que se impone la propia ley para su reforma. La constitución italiana hace esto con la república como forma de estado, de tal forma que no es concebible restaurar la monarquía por vía legal; en Alemania ocurre lo propio con la democracia y la organización federal del estado. La constitución del 78 no tiene ninguna cláusula de este tipo. Añadir una cláusula por la unidad nacional cerraría en el futuro cualquier debate sobre un posible derecho de secesión.
·         Es preciso, asimismo, ilegalizar los partidos de corte independentista. Ante la enorme contaminación mediática que existe en España, se puede pensar que se trata de una medida propia de un país autoritario como Rusia o China, pero la verdad es que las constituciones de Portugal (art. 10.2.) y Francia (art. 4) sí que han legislado en su constitución contra esta clase de asociaciones.
·         En relación con el punto anterior, si se intenta legislar contra organizaciones o actos que dinamiten la soberanía nacional, se puede extrapolar al caso europeo. Lo que nos gustaría es, al contrario de lo que pide el consenso partidista actual sobre una posible reforma, la ausencia de referencias a la Unión Europea en la Constitución. Sin posicionarnos en contra de la UE, lo que creemos es que las relaciones entre España y las estructuras supraestatales (inclúyase, además, la OTAN) deben estar abiertas a nivel legal. Añadir compromisos con el exterior en la constitución implica atarse las manos y cerrarse caminos.
Para ser más ilustrativos, una buena medida sería reemplazar el presente artículo 2:
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
En su lugar podríamos tener lo siguiente:
Artículo 2.
1.   La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
2.   El alcance de las funciones del Estado será el mismo en todo el territorio nacional, salvo en lo previsto para los estados de excepción.
3.   La soberanía y unidad nacionales no son susceptibles de ser reformadas constitucionalmente.
Referente a la organización del estado, también sería interesante modificar el artículo 137:
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
La enorme duplicidad de organismos, y ya mismamente la redundancia de que coexistan provincias y comunidades autónomas puede resolverse así:
El Estado se organiza territorialmente en municipios, cuya estructura, organización y funciones deben responder al interés general del estado, sin perjuicio de la descentralización de competencias.
        Aunque estos ejercicios de imaginación jurídica no dejan de ser entretenidos, y alejan bastante más luz sobre las posibilidades reales del patriotismo que la casi totalidad de alternativas y propuestas presentadas en el pasado, lo cierto es que debe mantenerse la cabeza fría y pensar qué se puede hacer ahora, en un momento en el que no va a haber reforma.
        Desmontados los mitos de la Transición, refutado el patriotismo constitucional como garantía de la nación española, y expuesto el panorama actual ante las posibilidades de reforma, lo mínimo (y no por ello poco) que se debe exigir al patriotismo es rechazar la Constitución y desechar el patriotismo constitucional. La solución contra el feminismo no es hablar de «verdadero feminismo vs. feminismo marxista»; la mejor arma contra el socialismo no es decir que el capitalismo «es más democrático y reduce la desigualdad»; no es extraño inferir, entonces, que la solución al secesionismo no es atacar al nacionalismo y defender un papel. El conflicto catalán sólo se solucionará defendiendo la existencia de la nación española y apostando por su supervivencia, como han hecho nuestros ancestros.

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